Recientemente El Correo hacía pública la contratación de la consultoría en la que el exconcejal de Medio Ambiente Pizarro conseguía, tras un procedimiento negociado, un contrato del Ayuntamiento de Vitoria para el impulso de la economía verde entre las empresas privadas del entorno.
Cabe preguntarse sobre las siguientes cuestiones que lanzamos para la reflexión conjunta con el alcalde @JavierMaroto , y con quién quiera sumarse desde el lugar y web que quiera:-)
1. Uso de la influencia personal en ámbitos de gobierno y empresas o uso no lícito de la presión o del puesto ejercido con anterioridad para lucrarse: ¿Es lícito o ético que un exconcejal en la materia objeto de contratación, en este caso medio ambiente, que indudablemente posee información y contactos relevantes por el ejercicio de su cargo precisamente en esa materia y por razón de su cargo público, continúe lucrándose, con el visto bueno y legal del ayuntamiento, del dinero público en su actividad privada?
2. Hemos formado a ese exconcejal entre toda la ciudadanía, con el dinero de toda la ciudadanía porque su experiencia previa en este caso, y en muchos otros, no estaba vinculada al medio ambiente hasta llegar a ser concejal. ¿ Es lícito que después el ayuntamiento continúe pagándole en lo privado cuando se le ha formado desde lo público y durante su mandato público y, cuando los beneficios de esa inversión deberían de haber repercutido en lo público?
¿No debería entonces, el ayuntamiento, haber otorgado este cometido a funcionari=s que continúasen beneficiando a la comunidad con su bagaje obtenido si este es necesario, como se dice que se ha hecho en el caso de ERDU?
¿ Por qué con ERDU se recurre a que servicio lo presten funcionari=s y con este impulso de economía verde no?
3. ¿Posible vulneración del acceso en igualdad a la contratación con el ayuntamiento?: Parece que después de haber ejercido un cargo público, y tal y como hemos comentado más arriba, un= no se acerca en condiciones de igualdad con el resto de personas a estos procedimientos de contratación
4. El procedimiento usado, el negociado, puede ser legal, pero no parece lícito recurrir al procedimiento negociado como forma de contratación cuando se pide desde el ayuntamiento a una empresa formada por correligionarios del mismo partido que ejerce el poder municipal y cuyos miembros han ejercido el poder municipal en la misma área a la que se concurre en licitación. ¿No se debería recurrir a la contratación abierta en libre concurrencia para garantizar la transparencia y limpieza?
5. Desde el punto de vista ético, ¿quizás sería conveniente, en casos como este, penalizar la experiencia política en el concurso para la contratación, para garantizar la igualdad de los concurrentes ?
Y nos consta que no es la única consultoría otorgada a un exconcejal
desde el ayuntamiento, ya sea por este equipo de gobierno o por anteriores equipos.Cuando hay que tomar una decisión en la que un equipamiento público necesario puede perjudicar a un vencindario y puede originar un NIMBY ( No in my back yard No en mi patio trasero) quizás habría que explicar muy claramente a la ciudadanía qué es lo que motiva la decisión.
Esto supone que las decisiones políticas tienen que ser motivadas y la motivación tiene que poder ser explicada en términos razonables y comprensibles para tod=s.
Cuando además hay informes técnicos y/políticos, de diferentes instituciones democráticas, contrarios a esa decisión también deberían de ser expuestos a la ciudadanía con suficiente claridad y transparencia.
La ciudadanía tiene que saber cómo y por qué se toman las decisiones. Las personas encargadas de tomar la decisión, que pueden o no tener en cuenta la opinión de la ciudadanía de manera formalizada mediante consultas públicas, deberían de conseguir, al menos, que decisiones molestas por su propia naturaleza, cuenten con el mayor consenso posible.
Estación de autobuses de #VitoriaGasteiz: Por una decisión consensuada y transparente
El Mineral abandonado
jun 5
Os dejamos una fotos del mal estado en el que se encuentr El Mineral. Ya que no se usa para la hostelería podría ser utilizado como centro de huertas urbanas, o como local de reunión de colectivos que andan sin espacios.
En fin se nos ocurren muchos usos antes que dejar ese estupendo lugar que se deteriore sin uso
Ver fotos en
El Diario de Noticias de Álava informa de que la ertzaintza inmovilizó ayer un autobus con 11 estudiantes que viajaban desde Vitoria a Bilbao. Por lo visto el asunto de la competencia desleal está pendiente de resolución judicial. La verdad es que parece que esta negativa transgrede los pricipios de la libre competencia y el derecho de l=s usuari0s a elegir y gestionar un servicio y a contratarlo! Os dejamos la noticia
Bizkaia reabre la guerra del transporte universitario al retener un autobús de Altube
Tal y como reza la reciente recomendación del Ararteko:
“El medio ambiente y el derecho a su conservación y protección constituyen un bien jurídico que parte del interés público en la consecución de objetivos como el control ambiental de la contaminación, el desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad y la salud pública. Si en un área la necesidad de transparencia y participación es más evidente esa es precisamente el medio ambiente. La sociedad civil –personas, plataformas y asociaciones- ha sabido reivindicar de forma activa la necesidad de saber y conocer cuál es el estado del medio ambiente, cuáles son los riesgos que atenazan nuestro mundo y cuáles son las políticas públicas para afianzar un desarrollo sostenible”
Por eso creo que:
– La protección y por consiguiente la participación necesaria para protegerlo, no es sólo patrimonio de asociaciones sectoriales en materia de medio ambiente
- Tanto el Convenio de Aarhus como, su transposición hacen posible, deseable, y de obligado cumplimiento la escucha de la ciudadanía, organizada o no en la defensa de un bien de interés público como es el medio ambiente, sin que tenga que estar especialmente afectada por las decisiones que se vayan a tomar porque se entiende que es un bien de interés general y público
- Las tecnologías de información, conocimiento y comunicación posibilitan dar entrada a cualquier persona, asociada, o no en la participación para la toma de decisiones medioambientales
Parece, por tanto que la reciente polémica con las asociaciones de vecinos en Vitoria a las que se ha negado su participación en el Consejo no debería de haberse producido y más bien lo que quizás sí debería de haberse hecho es cambiar el Reglamento del Consejo que si en su página web está bien actualizado es de 2004, fechas anteriores a la entrada en vigor de la transposición de Aarhus: “Este instrumento jurídico internacional ha propiciado el desarrollo de otras normas tanto en el ámbito de la Unión Europea mediante la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003,
relativa al acceso del público a la información medioambiental como en el
Estado con la Ley 27/2006, de 18 de junio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Por lo tanto y además en consonancia tanto con la legislación en materia de acceso y participación medioambiental como en consonancia con lo que las propias asociaciones medioambientales están reiteradamente pidiendo quizás habría que cambiar el reglamento interno del Consejo sectorial de Medio ambiente aprobado en 2004, y desde luego parece que también cambiar la actitud del Ayuntamiento y sus representantes y hacerla más proclive a la participación ciudadana:
el asunto sobre el cual deberá adoptarse la decisión;
la naturaleza de la decisión que se tiene que adoptar;
la autoridad encargada de tomar la decisión;
el procedimiento previsto, incluidos los detalles prácticos del procedimiento de consulta;
el procedimiento de evaluación del impacto sobre el medio ambiente (si está previsto).”
Para participar en un proceso de toma de decisiones con el suficiente rigor y visos de verosimilitud, los movimientos ecologistas plantean además una serie de cuestiones que afectan sin duda a la buena gobernanza. Es decir, ejercitar el derecho de participación ha de suponer un esfuerzo especial de la administración competente para que el público interesado y afectado por la decisión pueda realmente hacerlo si así lo desea. En la actualidad el conjunto de dificultades es tal, que hace falta tener mucho tiempo, ganas, conocimiento y subvenciones para participar en lo poco que se puede.
Así, entre las recomendaciones que Ecologistas en acción han redactado se encuentran las siguientes, cuyo cumplimiento serviría de excelente “Parrilla de Salida” para que se empiecen a reformar y aprobar normas que nos permitan participar activamente en política
RECOMENDACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES
- Necesidad de una mayor sensibilización del público y más formación de las autoridades públicas.
- Necesidad de mecanismos ágiles, independientes y poco costosos (por ej. Comisarios de Información o Tribunales), para afrontar las solicitudes denegadas.
- Se deberían promover los esfuerzos encaminados a fomentar el desarrollo de registros y la posibilidad de colgar la información en páginas web.
- Debería facilitarse al ciudadano el acceso a la información sobre las posibilidades de participación.
- Sensibilización dirigida a los ciudadanos y formación para un uso efectivo de los derechos de participación pública.
- Formación y capacitación para los funcionarios y los ciudadanos.
- Establecer salvaguardas que garanticen que las autoridades públicas toman en cuenta los comentarios del público de modo sustantivo en la toma de decisiones
- Exigir que la información esté disponible en plazos razonables, para permitir al público el suficiente tiempo para informarse y prepararse y participar de modo eficaz. Los
plazos actuales apenas cumplen esas condiciones.
- Exigir medidas más proactivas para informar al publico, por ej. por medios electrónicos, de las oportunidades de participación
- Que los procedimientos de información sean de comprensión más fácil para el ciudadano
-Garantizar el derecho de participación de los grupos ad hoc, pero también de cualquier persona que desee participar en la defensa de un bien de interés público como es el medio ambiente
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franciscapulgarvernalte
vitoria